Por Gustavo Larios. Presidente de AMEDEA. 14/Noviembre/2010.

Cada paso hacia la tolerancia cuesta mucho. Cada esfuerzo organizado para ampliar el círculo moral de una sociedad y para hacerla más incluyente implica una labor titánica cuando se tiene una estructura burocrática como la mexicana, acostumbrada a ignorar la ley e incluso a burlarse de ella. Cada vez que la sociedad lucha por plasmar en sus normas un legítimo reclamo que le hará mejor y más justa, primero tiene que conseguir la promulgación y publicación, pero después tiene que conseguir que se haga valer. En México la aplicación de las leyes poco o nada tiene que ver con su vigencia y eso es realmente vergonzoso. En tal escenario la ciudadanía comprometida y activa requiere más que de convicciones firmes, de un espíritu casi heroico para seguir denunciando… para no detenerse en la búsqueda de un verdadero Estado de Derecho. 
Las cifras negras de delitos y los porcentajes de ejecución de órdenes de aprehensión son una invitación a delinquir. Cuando un ciudadano decide denunciar, lo primero que  encuentra son pretextos, trabas y corruptelas, seguidas de retrasos, ineficiencia y falta de calidad en el servicio. Es así que ni tratándose de intereses particulares se tiene el menor estímulo para buscar la justicia activando a los órganos de gobierno, menos aún cuando se trata de invocar la tutela del ambiente o de los no humanos.  Quienes nos preocupamos por los ecosistemas y el abuso a los animales no pensamos en nuestro beneficio personal directo e inmediato, pensamos en los derechos de todo individuo, se parezca o no a nosotros y tenemos una idea clara de lo que le espera a las generaciones futuras en calidad de vida, si no empezamos a cambiar ahora. Tenemos nuestras propias necesidades como cualquier persona, pero no podemos dejar las cosas en la exclusiva defensa de los intereses particulares; nos encontramos frecuentemente con personajes del sector público como el actual Jefe Delegacional de Iztacalco, quien en lugar de cumplir con su obligación de promover la protección y el trato respetuoso a los animales, al que le obliga la ley, es un abierto promotor taurino y toma dinero asignado a cultura para difundir su muy personal gusto por la sangre.
Al señor Francisco Javier Sánchez Cervantes le interesa muy poco que la ganadería sea el factor número uno del calentamiento global, que ya dos ombudsman en la República Mexicana hayan reconocido la necesidad de alejar a los menores de edad de la violencia de las corridas, por lo que emitieron recomendaciones para evitar tan imprudente práctica a efecto de velar por los derechos de las niñas, niños y jóvenes, pero además, al señor Delegado no le interesa violar la Ley de Protección a los Animales del D. F. que en sus artículos 5 y 12 le obligan a difundir el trato digno y respetuoso a los animales. Por otra parte, de no ser por la intervención de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D. F., hubiera realizado corridas en un deportivo violando el uso de suelo del lugar. Es decir, el señor Sánchez es todo un ejemplo del mal servicio público, de ese que funciona para cumplir caprichos de poder y que desprecia leyes de ordenamiento territorial, de defensa animal y más aún, del interés superior de la infancia.
Miembros de AMEDEA hemos denunciado los hechos ante la Contraloría Interna de la Delegación Iztacalco y ante la PAOT-DF. Éste último organismo ya impidió la violación del uso de suelo que pretendía realizar el delegado; ahora esperamos que ambas instancias hagan valer también los derechos de los niños y la normatividad que obliga a respetar a los no humanos, sancionando la penosa conducta de quien según hemos constatado, no ha sabido ser un verdadero servidor público.